Somiatruites, Ciberderechos en la Red

Nuestras vidas se desarrollan a medio camino entre un mundo digital de extraña textura y el mundo tangible que nos rodea. Nuestro tránsito por el entorno digital está tan inextricablemente entretejido con nuestro deambular por el espacio tangible que resulta imposible separar uno de otro.

Pero el ciberespacio es un lugar completamente diferente al espacio tangible porque cualquiera de nuestras actividades en él depende de la relación con una empresa privada. Navegar en Internet, utilizar el correo electrónico o leer el periódico, en todos los casos estamos obligados a un compromiso comercial (aunque esto no signifique siempre pagar dinero) con el proveedor de acceso, de correo...

Transitamos por el ciberespacio sobre un terreno diseñado por humanos y en gran medida de propiedad privada: infraestructuras de red, programas propietarios, protocolos... es por esta razón que en cada uno de nuestros actos nos ponemos en manos de un tercero y de la tecnología diseñada o propiedad de él. La integridad de nuestras comunicaciones, la privacidad de nuestros movimientos, la posibilidades de acceso a la cultura, en todos estas facetas dependemos de compañías privadas y de una tecnología que sirve como mediadora. La tarea legisladora acometida por los Estados se ha centrado en regular esa relación. Las nuevas leyes que tienen como objeto natural el ciberespacio pretenden crear un marco general que regule la aplicación y uso de las tecnologías que configuran el entorno digital.

Y en este lento proceso las nuevas medidas reguladoras afectan a ámbitos fundamentales de nuestra existencia como la privacidad o el acceso a la cultura. Desgraciadamente la tendencia mostrada por los gobiernos de uno y otro lado del Atlántico es recortar la extensión de estos derechos fundamentales y dejar que las empresas sean quienes marquen sus límites.

En las últimas semanas el partido del gobierno español ha mostrado lo que es su concepción del ciberespacio y de los ciudadanos en el entorno digital a través de varias medidas legislativas o de la inhibición legisladora. La semana pasada el PP rechazó una propuesta en el Congreso para que se regulara el uso del correo electrónico dentro de las empresas y la semana anterior se aprobaba la nueva Ley Gerenal de Telecomunicaciones en la que se introducen cambios notables sobre la regulación de los correos electrónicos de carácter comercial (2).

Con la nueva Ley de Telecomunicaciones las compañías pueden enviar desde esta semana publicidad a través de correo electrónico a aquellas personas con las que mantienen una relación contractual, sin necesidad de solicitar previamente su consentimiento, como estaban obligadas a hacer hasta ahora. Una decisión que no deja de sorprender ante la tendencia a limitar todo lo posible el correo electrónico comercial en la mayor parte de los países de nuestro entorno (tanto en la UE como en EE UU incluso, que aprobó la semana pasada una ley de mínimos para regular el correo comercial) y la preocupación creciente por la saturación del correo a causa de los envíos comerciales.

El gobierno ha decidido además dejar en manos de las propias compañías la regulación del uso del correo electrónico entre sus empleados, ignorando de esta manera con su inhibición prácticas poco recomendables desarrolladas cada vez más por las empresas y prolongando la inseguridad jurídica de los trabajadores frente al uso del correo electrónico.

Cada vez que el Estado legisla en relación con el entorno digital gravita entre preservar los derechos del entorno tangible o reducirlos cuando se aplican en el entorno digital, privilegiar a las empresas o defender un espacio de derechos básicos del usuario.

La tendencia apreciada en el ámbito de la privacidad, como muestran los dos ejemplos anteriores, o en el de la propiedad intelectual, es privilegiar las posturas promovidas desde el sector privado y reducir los derechos de los ciudadanos. Nuestra privacidad o nuestras posibilidades de acceso a la cultura en el entorno digital son cada día más limitadas si lo comparamos con la extensión de esos mismos derechos en el ámbito tangible.

Lo más preocupante es que en el marco de regulación que se crea son las empresas las que deciden en última instancia sobre aspectos fundamentales de nuestro tránsito en el ciberespacio: que sean las empresas las que regulen el uso interno del correo electrónico por sus trabajadores, que sean ellas las que decidan si nos envían publicidad... y esto es así por la misma naturaleza del ciberespacio, un lugar cuyas propiedades llevan la impronta de quien lo ha diseñado, un lugar que está controlado en gran medida por quien posee la infraestructura.

Lo que deberían ser decisiones conscientes del Estado se deja en manos del sector privado generando de esta manera una asimetría manifiesta entre ciudadanos con derechos cada vez más reducidos, y empresas con capacidades ampliadas para campar a sus anchas.